Uno de los proyectos de ley más demandados por las organizaciones feministas es el que sanciona la violencia integral de género. Una de esas agrupaciones es el Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO), fundado en 2014 por un grupo de egresados y egresadas de la Universidad de Chile.
“El observatorio surge de la necesidad de visibilizar este tema que por esos años no era tan común que se conversara. Nuestra principal misión es visibilizar que esto existe y, de alguna manera, trabajar produciendo conocimiento en relación a esto, generando publicaciones, haciendo estudios, etc.”, cuenta la abogada egresada de la Facultad de Derecho, Carla Bravo, quien dirige hoy este Observatorio.
Desde aquí, han generado estudios y encuestas que han servido de insumo para legislaciones, pero también han generado un impacto concreto en la vida de las mujeres. “También prestamos asesoría, tanto desde el punto de vista psicológico como legal. Actualmente, tenemos un sistema de evaluación de casos, con un equipo compuesto por matronas, ginecólogas y otras profesionales”, indica a Alumni Uchile. “Somos una fundación donde todos y todas participamos de manera voluntaria, no tenemos financiamiento de ningún tipo. Por lo tanto, estamos por la convicción de que hay que cambiar las cosas”, agrega.
En esa misma línea, afirma que trabajar en legislaciones y regulaciones “no es en lo absoluto la solución al problema, sino más bien una herramienta para movernos y caminar en pos de una mejora en este ámbito. Pero debemos avanzar a volver a ent
regarle a la mujer el dominio de su cuerpo, de sus procesos, en coherencia con un diálogo efectivo entre aquellos que efectivamente tienen las competencias para ayudar”.
Ley Adriana
Fue en mayo d
e este año que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la ley que sanciona la violencia ginecobstétrica y establece derechos para las personas gestantes, bajo el nombre de Ley Adriana.
Carla Bravo es abogada de la Universidad de Chile y directora del Observatorio de Violencia Obstétrica.
OVO fue la principal organización impulsora de este proyecto, que hoy sigue estancado en el Senado, a más de dos años de su ingreso. “Es un proyecto muy grande que establece estándares de comportamiento, establece un capítulo entero para la prevención; porque su foco no es la sanción propiamente tal, sino que es tratar de que haya un cambio más profundo que apele a la estructura de donde la violencia obstétrica se genera y ocurre”, sostiene la egresada Uchile.
“Estamos contentas porque no es solo que haya avanzado, sino que lo hizo con consenso mayor”, apunta Bravo. “Por otra parte, logramos introducir la violencia obstétrica en la Ley de Violencia Integral, que también se está tramitando hace muchos años y si se aprueba funcionará como paraguas de la Ley Adriana”, cerró.
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