Marta Herrera Seguel no solo ha sido testigo, sino protagonista de la evolución de la lucha contra la corrupción en el país. La abogada de la U. de Chile fue entre 2007 y 2023 la directora jurídica en el Ministerio Público, estando también al mando de la Unidad Especializada Anticorrupción, desde donde participó en investigaciones penales de alto impacto y promovió reformas legales que hoy son parte del sistema de justicia.
Entre sus logros destacan la creación de la Fiscalía de Alta Complejidad, con fondos de la Unión Europea, que ahora está incorporada en la Constitución como Fiscalía Supraterritorial. “Partió de la necesidad de que se abordara de manera distinta la delincuencia de alta complejidad, entre ellas las causas de corrupción, que no podían caer dentro de la maquinaria común del órgano de persecución penal”, explica.
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La abogada de la U. de Chile fue entre 2007 y 2023 la directora jurídica en el Ministerio Público, estando también al mando de la Unidad Especializada Anticorrupción (foto: AGPP Abogados).
También llevó adelante la Ley de Protección al Denunciante, que garantiza seguridad a quienes exponen actos de corrupción. “Levantamos un proyecto que modificaba lo existente, que era prácticamente nada. El diagnóstico partió con que no teníamos posibilidad de pedirle a ninguna persona que, arriesgándose a sí misma, su estabilidad laboral o a su familia, se comprometiera con el bien común”, afirma. Y añade: “como Estado teníamos que darles condiciones mínimas. Se materializó en una ley que no nos pareció todo lo buena que esperábamos, pero que sin duda fue un avance importante en la materia”.
Asimismo, en el Ministerio Público también destacó su defensa de Chile ante la OCDE, evaluando el cumplimiento de convenios internacionales contra el cohecho. “Eran evaluaciones muy exigentes, porque si bien en muchas materias estábamos en una mejor posición en la región, ser un país de la OCDE es una realidad totalmente distinta, ahí no servía ningún tipo de autocomplacencia”, menciona.
Además, destaca su participación como consultora del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado de la Unión Europea («El PACcTO»), y por representar al país en 2019 en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), presidiendo el Grupo Anticorrupción y Transparencia (ACT). “Fue una oportunidad para conocer diferentes experiencias. El desafío fue generar una mayor capacidad de diálogo. Lograr, por ejemplo, que se pusiera de acuerdo China con EE.UU. En una de las reuniones lo logramos y pedí un aplauso general porque había sido un tremendo mérito, no solo mío sino que de todo el equipo”, asegura. Su liderazgo fue tan reconocido que terminó siendo candidata a fiscal nacional a fines de 2022.
Su liderazgo fue tan reconocido que terminó siendo candidata a fiscal nacional a fines de 2022. Fue también profesora del Departamento de Derecho Procesal de la U. de Chile y es hoy docente en otras universidades del país.
Sobre cómo ve la evolución en la lucha contra la corrupción en los últimos años, Marta sostiene: “cuando asumí en 2007 se pensaba que prácticamente en Chile no había corrupción. Yo decía que sí había, como en todas partes, y donde buscáramos algo encontraríamos. El problema era que el Estado no tenía la capacidad de detectar proactivamente esos casos. Ahora se han podido visibilizar más y eso permite movilizarnos”. Y agrega: “hoy la ciudadanía tiene una menor tolerancia a la corrupción. Se han logrado importantes avances, que quizás no se traducen en condenas penales. Eso lo veía en la Unidad, donde advertíamos las deficiencias del marco legislativo”.
Y si hay un tema que le preocupa en especial del último tiempo son las filtraciones de casos penales y sus antecedentes. “Aunque sean antecedentes de hechos que no son delito, es fundamental que se frene ya. Debe cuidarse a la Fiscalía, y tomar el peso a la afectación que se produce a las personas y sus derechos, lo que implica asumir la función con el mayor grado de responsabilidad” sentencia.
El fin de un ciclo
Tras cumplir su etapa en el Ministerio Público, trabajó como abogada en AGPP Abogados, como directora ejecutiva de la Acción Cívica contra la Corrupción y en ejercicio pro bono en la Corporación Justicia Libre.
Es actualmente la Subdirectora Jurídica del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), institución que lidera estrategias legales para promover la innovación y el desarrollo económico.
Hace ya casi 2 años se desempeña como Subdirectora Jurídica del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), institución que lidera estrategias legales para promover la innovación y el desarrollo económico. “Asumí como fiscal para tener la oportunidad de seguir en el servicio público, que es mi vocación, desde un área distinta pero muy importante para el bienestar social”, señala.
También es codirectora del diplomado de Derecho Penal Económico de la U. Adolfo Ibáñez, académica de Derecho Procesal de la Usach, profesora en la U. Finis Terrae y en la Academia Judicial de Chile. Entre 2004 y 2018 fue profesora del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad de Chile y en 2017 complementó sus estudios con un Master of Laws (LLM) en la California Western School of Law.
El 2024 también participó en el primer Programa de Mentoría de Propósito de la Red de Egresados y Egresadas de la Universidad de Chile, Alumni Uchile. “La idea era que como mentores aportáramos desde nuestras experiencias de vida y yo creo que eso fue sumamente enriquecedor, no solo para los mentees sino que para nosotros. Fue un ejercicio absolutamente recíproco, de mutua ganancia”, asegura.
El origen de una vocación
Su vínculo con la Casa de Bello va más allá del título. Tras un breve paso por Arquitectura, Marta encontró su verdadera pasión en Derecho, influenciada en parte por su madre. “En ese tiempo no se podía conservar ningún puntaje, así que di la prueba de nuevo. Me cambié con mucho temor de que no me gustara, de que pudiera ser algo muy rígido y aburrido. Ahora me doy cuenta de que por supuesto que acerté. Es una carrera que te da espacio para poder desarrollarte en diferentes ámbitos”, menciona.
Destaca el ramo que la ha acompañado durante todos los años siguientes como docente, que es Derecho Procesal. “Es absolutamente clave en términos de materializar los derechos de las personas, muy ligado a garantías básicas de acceso a la justicia”, afirma. “Recuerdo a profesores como mi maestro Raúl Tavolari y al director del Departamento de Derecho Procesal, Cristián Maturana, que si bien no me hizo clases, fue mi jefe siendo académica en la U. de Chile y gran mentor”, cuenta.
También considera clave su paso por la Universidad de Chile: “uno va por la vida con la seguridad de tener esa formación. La U. de Chile es un patrimonio intelectual, académico, social y político del país. Al estudiar entendí lo que significaba pertenecer a una tradición de servicio público y de excelencia. En cada uno de mis cargos y responsabilidades he llevado el sello y la impronta de una universidad que vio nacer a la República”.
Y sobre el rol de la Universidad de Chile para hacer frente a la corrupción, opina: “Lo importante es siempre partir lo antes posible. Incidir desde los primeros años de la educación en estos ámbitos. En ese sentido, tiene un rol clave inculcando valores a sus estudiantes en esta materia”.
