A Carlos siempre le atrajo la justicia. Vivió su infancia en la tranquila ciudad de Curicó durante los años setenta en el seno de una familia dedicada al comercio agrícola. Leía los diarios con frecuencia y sentía una gran preocupación por lo que sucedía a nivel nacional. También tenía un gran talento hacia las matemáticas. Sacaría puntaje nacional en dicha prueba, un plus para los casos de delitos económicos que tendría que enfrentar en el futuro.
“Eran tiempos de un gobierno de facto y la necesidad de tener mayores niveles de justicia se presentaba como una posibilidad muy notoria para poder contribuir al país”, describe el exfiscal Jefe de la Fiscalía Oriente de Alta Complejidad.
Cuando llegó su turno de rendir la Prueba de Aptitud Académica, el país vivía tiempos de cambio, compromiso y transición.
Llegó en 1991 a la capital a estudiar a la Universidad de Chile. En aquella Casa de Estudios se respiraba, según Gajardo, un aire de pluralismo, novedad y democracia: “Estábamos llamados a capacitarnos para servir al país. Había mucha esperanza de construir un Chile distinto, donde se respetasen los derechos humanos como punto base y donde hubiese una búsqueda genuina por el bien común”, recuerda.
“Yo diría que esa vocación plural que tiene la Universidad de Chile fue el motivo que me llevó a estudiar en ella. Por su vocación de preocuparse por los problemas nacionales”, cuenta Gajardo. En esos años no existía polarización o división entre estudiantes. En Pío Nono reinaba una visión común que formaría a una generación de abogados completa, según relata el abogado.
A pesar de haber estudiado un año de Psicología, Carlos no pudo ignorar su vocación por el Derecho y decidió cambiarse de carrera.
Fue profesor ayudante de Derecho Civil con la profesora Maricruz Gómez, ramo en el cual tenía mucho interés. Durante su tercer año entró a procurar al Consejo de Defensa del Estado. Su papá se sintió orgulloso de ver a su hijo formando parte de una organización destinada al servicio público. Sería su primer acercamiento a aquel mundo. En esos años el CDE estableció el Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sentó las bases de la actual Unidad del Medio Ambiente para proteger la fauna chilena.
Cuando se implementa la Reforma Judicial a principios de los 2000, a Carlos Gajardo se le abrió un mundo de ideas y oportunidades. Se compró y estudió los famosos ‘cuatro Etcheberry’, una serie de libros fundamentales en el Derecho Penal en Chile, y su vida dio un vuelco al Derecho Penal.
Baluarte contra la corrupción
“(En 2001) me interesa el nuevo sistema que se está generando y también poder volver a Curicó”. Entró a trabajar a la Fiscalía del Maule donde comenzó a especializarse en delitos económicos de alto perfil. Investigó uno de los primeros casos mediatizados de facturas falsas en campañas políticas, como también en la famosa condena a Augusto Pinochet Hiriart por compraventa de vehículos robados en 2004.
– ¿Cuál es la motivación que tienes para dedicarte a estos casos?
“Poder contribuir a que se generen respuestas a situaciones muy injustas. Te toca investigar la comisión de los hechos más graves que pueden suceder en una sociedad. Poder generar cambios desde ahí te vas dando cuenta que tu trabajo tiene un impacto real”.
Fraudes en la Marina, en acreditación a Universidades, en el financiamiento de la política. Carlos Gajardo lo ha visto prácticamente todo. Lo califica como un trabajo desafiante pero reconfortante a la vez.
Quienes han tenido el infortunio de enfrentarse en sala contra él sabrán cómo es. Sus colegas lo reconocen como un fiscal tenaz y comprometido con la lucha contra la corrupción. Junto a Pablo Norambuena lideró la investigación inicial, ya trasladado a Fiscalía Oriente, del Caso Penta, un holding financiero cuyos dueños y ejecutivos fueron sentenciados por evasión tributaria y otros delitos económicos a clases de ética y multas.
En 2014 empujó la acusación por el Caso SQM contra el empresario Julio Ponce Lerou, de haber emitido boletas falsas para financiar campañas políticas de diversas corrientes.
Gajardo también trabajó en los primeros antecedentes del Fraude en Carabineros, que involucraba el desfalco de 35 mil millones de pesos por parte de altos mandos de la institución.
En 2018, Carlos Gajardo renunció a la Fiscalía, junto a Norambuena, en protesta por la falta de apoyo institucional en la lucha contra la corrupción y el uso excesivo de «salidas alternativas» o acuerdos, que, en su opinión, debilitaban la persecución penal efectiva de los delitos de cuello y corbata.
“El gran problema que tiene el Sistema Judicial es la poca confianza que la ciudadanía le tiene. Pero esto no es un fenómeno de ahora”, reflexiona el abogado acentuando que es un escenario bien particular en comparación a otros países de la OCDE o de Latinoamérica. La gran mayoría de los chilenos (83%) confía poco (52%) o nada (31%) en el Poder Judicial, según una encuesta de 2024 de la Universidad Gabriela Mistral y Black&White.
– ¿Y qué pasa con Hermosilla?
-Lo que ha sucedido con el Caso Hermosilla es que se ratifica la creencia de que la justicia funciona de manera desigual.
Justicia para todos
Aunque Carlos Gajardo ya es conocido y nombrado por los medios como el “exfiscal de Oriente”, sigue los casos por su propia cuenta y los comenta con frecuencia para los diarios y la televisión. Hoy, el gran tema es: un celular, vínculos con la Suprema, supuestos lavados de activos, y soborno a funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos y Tesorería General de la República. Los estragos que tienen al abogado Luis Hermosilla en Capitán Yáber cumpliendo prisión preventiva.
– Desigual. ¿En qué sentido?
-En el sentido que importa mucho el nivel de poder que tú tienes. Ha sido muy devastador para la profesión del abogado.
Gajardo hace referencia a la última encuesta Cadem del 1 de septiembre que refleja que 84% cree los abogados se comportan como Luis Hermosilla.
El exfiscal apunta que este problema de desafección se le debería poner más atención por parte de la clase política: “Llevamos 10 años con esta desconfianza y los gobiernos no han puesto los suficientes esfuerzos para que este problema tenga algún tipo de salida”.
– De lo que se ha filtrado y se conoce del caso: ¿es la punta de un iceberg mucho más profundo?
-Es difícil tener una respuesta en este momento a eso. Lo importante es que la Fiscalía logre hacer un trabajo profundo de investigación, venciendo el escepticismo de la ciudadanía, la cual cree que eso no va a suceder, y venciendo las barreras naturales que esto implica. Hay mucho incentivo para que esto no se investigue.
El incentivo del que habla es la vinculación de personajes influyentes de la esfera política y judicial chilena con imputados del caso. El último que se ha dado conocer, la jueza Ángela Vivanco, ahora suspendida y con un cuaderno de remoción abierto por presuntamente haber tramitado su ascenso a la Corte Suprema con Luis Hermosilla: “Cuando son las propias instituciones a cargo de investigar y de juzgar las que son cuestionadas el incentivo para dejar todo como está es muy alto”.
Una sentencia apresurada. Un acuerdo fuera de tribunales. Que no haya justicia para todos. En palabras de Carlos Gajardo se traduce en “un aumento del malestar de Chile con sus élites”. El desafío, apunta, es que se puedan vencer esas presiones y que la ciudanía retome la confianza en el Poder Judicial.
– ¿Eres optimista con la investigación?
Yo pequé de optimismo en las investigaciones políticas. Soy un optimista por defecto. No dimensioné adecuadamente esta gran defensa corporativa y como el mismo Ministerio Público impidió que ciertas investigaciones avanzaran. Hoy día soy mucho más cauto de que estas investigaciones vayan a ser profundas. Ya tengo la experiencia. Comparto ese escepticismo con la ciudadanía.
Ahora, como abogado en su propia firma, Gajardo y Norambuena, se dedica a defender causas particulares. En su tiempo libre es comentarista en medios, donde se siente a gusto en hacer una crítica constructiva al Poder Judicial: «Tengo la independencia para expresar mi opinión sobre lo que sucede en este país”, afirma
Siempre destaca que Chile necesita instituciones más sólidas y que tengan un fuerte compromiso de “llegar hasta las últimas consecuencias”. Para ello el rol de vigilante que cumple la ciudadanía y la prensa, según él, es fundamental.